Regulación del trabajo sexual en Argentina: Desafíos legales y derechos de las escorts en el marco jurídico actual
El trabajo sexual es un tema de debate constante en Argentina, donde la falta de una legislación clara genera incertidumbre tanto para las trabajadoras sexuales como para las autoridades. Mientras algunos sectores defienden la autonomía y el derecho a ejercer esta actividad de manera legal y regulada, otros insisten en su prohibición o criminalización indirecta.
En este escenario, las escorts, incluyendo a cualquier escort argentina que ejerza esta profesión, se encuentran en una situación compleja, con derechos limitados y una legislación que no siempre protege su seguridad y bienestar. A lo largo de este análisis, exploraremos los desafíos legales, el impacto del marco jurídico actual y las posibles vías para garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales en Argentina.
El marco legal actual y su impacto en las trabajadoras sexuales
En Argentina, el trabajo sexual en sí mismo no está penalizado, pero el Código Penal sanciona actividades vinculadas a la explotación sexual de terceros, como la trata de personas o la regenteo de prostíbulos. La Ley 12.331 prohíbe las casas de tolerancia, mientras que el artículo 145 bis del Código Penal penaliza la trata de personas con fines de explotación sexual. Sin embargo, la ausencia de un marco regulador específico para el trabajo sexual voluntario genera un vacío legal que deja a las escorts en una situación de vulnerabilidad.
Las normativas locales varían según la jurisdicción, y en muchas ciudades se aplican códigos contravencionales que penalizan la oferta de servicios sexuales en la vía pública. Esto empuja a muchas trabajadoras sexuales a operar en la clandestinidad, lo que dificulta su acceso a derechos básicos como la seguridad, la salud y la protección legal.
Desafíos y criminalización indirecta del trabajo sexual
A pesar de que el ejercicio del trabajo sexual no es ilegal en Argentina, diversas prácticas y normativas conducen a su criminalización indirecta. Las trabajadoras sexuales suelen enfrentar hostigamiento policial, detenciones arbitrarias y multas basadas en normas contravencionales. Además, la falta de reconocimiento legal impide que las escorts puedan acceder a derechos laborales como la jubilación, la obra social o la protección contra el abuso y la explotación.
Otro problema recurrente es la censura y la persecución en el ámbito digital. Muchas plataformas han sido restringidas o cerradas por considerarse que facilitan la prostitución, lo que dificulta la promoción segura de los servicios de las trabajadoras sexuales. Esta situación las expone a intermediarios o clientes peligrosos, reduciendo sus posibilidades de negociar condiciones seguras de trabajo.
Alternativas y propuestas para una regulación efectiva
Diversas organizaciones y colectivos de trabajadoras sexuales han propuesto alternativas para garantizar sus derechos y mejorar sus condiciones laborales. Una de las propuestas más destacadas es la regulación del trabajo sexual bajo un esquema similar al de los trabajadores autónomos, lo que permitiría el acceso a beneficios como aportes jubilatorios y cobertura de salud.
En ciudades turísticas de otros países, como Cusco, donde el trabajo sexual es una realidad, esta regulación también ayudaría a mejorar las condiciones de las putas en Cusco, brindándoles mayor seguridad y acceso a derechos laborales.
Otra iniciativa clave es la creación de espacios seguros y regulados donde las trabajadoras sexuales puedan ejercer su actividad sin el riesgo de persecución o explotación. Experiencias en otros países, como Nueva Zelanda o Alemania, han demostrado que la regulación adecuada puede reducir la violencia y mejorar la seguridad de las trabajadoras sexuales.
Finalmente, la sensibilización y el diálogo entre el Estado, las organizaciones de derechos humanos y las trabajadoras sexuales son esenciales para construir un marco legal que contemple sus necesidades y derechos sin estigmatización ni criminalización.
Conclusión
La regulación del trabajo sexual en Argentina sigue siendo un desafío complejo debido a la falta de legislación clara y la persistente criminalización indirecta. Si bien existen debates sobre las mejores estrategias a implementar, es fundamental garantizar un marco jurídico que respete los derechos de las trabajadoras sexuales y les brinde seguridad, acceso a servicios básicos y protección contra la explotación.
Avanzar hacia una regulación más inclusiva podría representar un cambio significativo en la mejora de sus condiciones laborales y en el reconocimiento de su autonomía como trabajadoras.
