Allanan e investigan a agrupaciones piqueteras: analizan capturas de pantallas y denuncias

“Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada”. El mensaje iba a destinado a Patry, o menor dicho Patricia Iramain, delegada, quien había advertido en mensaje de grupo la lista de nombres diciendo: “Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”.

Las frases, a las que accedió Infobae, forman parte de las pruebas que analiza el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación que hoy se hizo pública cuando se ordenaron una serie de allanamientos a distintas agrupaciones piqueteras. La denuncia analiza si se extorsionó a personas vulnerables con la entrega de mercadería entregada por el Estado a cambio de asistir a marchas, bajo amenaza de perder el plan social.

En diciembre de 2023, apenas comenzó el gobierno de Javier Milei, el Gobierno invitó a denunciar a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación si los beneficiarios de planes sociales eran extorsionados por organizaciones piqueteras: hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse un total de 2.720. De ellas quedaron en pie 924 denuncias, divididas en todo el país: 45 en CABA, 159 que no detallaron el lugar y otras 720 en otras jurisdicciones. De esas 45 denuncias “porteñas”, el fiscal Pollicita, a cargo de la investigación, citó a todos. Solo siete acudieron a los tribunales. Con miedo, declararon.

El Departamento de Crimen Organizado de la PFA efectuó las tareas de investigación, tanto en redes sociales y fuentes abiertas como en los domicilios vinculados, que permitieron identificar a los referentes denunciados, corroborar o descartar su condición de tales, determinar la vinculación que tuvieren entre sí y localizar su lugar de actuación y su domicilio particular.

Mientras tanto, la Fiscalía obtuvo numerosos informes y expedientes administrativos provenientes de compañías telefónicas, del Ministerio de Capital Humano de la Nación, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y de la AFIP. Todo ello, para la fiscalía, fue conformando un cuadro probatorio que siguió con intervenciones telefónica de los sospechosos, con los listados de comunicaciones y activación de antenas.

Como parte de las pruebas, el fiscal evaluó que Patricia Iramain publicó la lista de personas que no recibirán mercadería por no ir a las “movilizaciones”, o que serán degradadas a la última categoría (“lista de espera”) por la misma razón, mientras que otros “ingresan a comedor” por haber cumplido con el tiempo fijado de asistencia a las “movilizaciones”.

En las siguientes capturas, se ve cómo una de las víctimas pide que se le tenga por justificada la inasistencia a una “marcha” y adjunta la respectiva constancia del turno médico y laboratorio que le impidió ir; en otra se advierte que una víctima pregunta si la falta justificada sirve o no como asistencia, y en la última uno de los acusados, Gustavo Vásquez, ante el aviso de ausencia a una “movilización”, pide que aporten el “justificativo”.

En otra, una persona se queja porque a su hermana no le entregaron mercadería y además le dieron de baja el plan, a pesar de que no podía asistir a la “movilización” porque se había operado. Aquí, ante una pregunta puntual de una víctima, se le informa que está “sancionada” por no pagar el “alquiler del comedor” y que por eso no podrá retirar mercadería en todo el mes.

También se advierte que el sistema de “castigos” por no cumplir con las exigencias de los imputados no sólo incluía la publicación de “listas de castigados” o “sancionados”, sino que también se les daba la posibilidad de “reparar” ese “castigo” a través de la prestación de tareas, como se ve en estas capturas.

Otra mujer, Elizabeth Mamani, anuncia que estará cobrando las “cápitas” y que deben ponerse al día, de manera concordante con lo declarado por los denunciantes. En otro mensaje, ante la poca convocatoria que había generado una “invitación”, Vásquez avisa que pasa a “contar como movilización”.

En otro diálogo, Vásquez reconoce que “son muy pocos los que movilizan por conciencia” y, por eso, hace que la “marcha” a la que antes “invitaba”, pase a ser “obligatoria” y cuente “como movilización”. “De ahora en más yo dejo de ser permisivo”, escribió. También informaron que se iba a avanzar con una “recategorización” (de “beneficiario común” a “lista de espera”). En esta otra captura se ve que se había compartido una “invitación” a una “movilización” y, ante la duda, una de las víctimas pregunta si esa “movilización” es “obligatoria” o “solo para los interesados”.

En otra captura una de las víctimas se queja por el excesivo monto dinerario exigido para poder acceder a “las 10 cajas” con la mercadería del Estado Nacional, e incluso cuenta que en las “marchas” les hacen preguntan acerca de si ellos les cobran algo. En otros diálogos, el imputado Lucca Philippe Quispe Rashuman invita a retirar mercadería sólo a los “compañeros que participan activamente” —e incluso les cobran un monto adicional a cada uno en concepto de “flete”— y que la acusada Gloria Jaramillo aclara que “la repartición es como siempre solo los que tienen movilización”.

Para la fiscalía, estas pruebas “no hacen más que confirmar lo declarado por cada uno de los denunciantes que se explayaron sobre estas exigencias coactivas —que no sólo se transmitían por Whatsapp, sino también en persona— y sobre las las estructuras jerárquicas piramidales de cada organización”.