El narcotráfico sudamericano amenaza a la democracia y la seguridad
Así como en las décadas pasadas los Golpes de Estado fueron la mayor tragedia para nuestros pueblos, el narcotráfico es el problema más grave que enfrenta Sudamérica en la actualidad. Se trata de una actividad ilícita que genera violencia, corrupción, inestabilidad y vulneración. Además, no solo afecta el desarrollo económico, social y ambiental de los países de la región, también, la salud mental de nuestros pibes.
Este fenómeno tiene una dimensión transnacional, ya que involucra a diversos actores que operan en distintos países, aprovechando las debilidades institucionales, las fronteras porosas y la demanda de drogas en los mercados internacionales. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Sudamérica es el principal productor mundial de cocaína, con más del 90% de la oferta global, creciendo un 35% pospandemia.
Nuestros gobiernos han adoptado diferentes estrategias para enfrentar el narcotráfico, desde la erradicación de cultivos ilícitos, el decomiso de drogas y la persecución de los traficantes, hasta la prevención, el tratamiento y la reducción de daños para los consumidores. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes, ya que no logran disminuir el poder y la influencia de estas organizaciones criminales que intervienen en el negocio de las drogas.
Estas organizaciones no solo se dedican al narcotráfico, también realizan otras actividades ilícitas, como el lavado de dinero, el contrabando, la extorsión, el secuestro, el sicariato, la trata de personas y el tráfico de armas. Asimismo, se infiltran en las instituciones públicas y privadas, corrompiendo a funcionarios, políticos, jueces, policías, militares, periodistas, empresarios. De esta manera, socavan la legitimidad, la transparencia, la eficacia y la independencia de los poderes del Estado, afectando la calidad de la democracia y el Estado de derecho. Se estima que el 60% de la actividad política está financiada por el tráfico de estupefacientes.
Un ejemplo de esta situación es el caso de Brasil, donde el Primer Comando de la Capital, considerada la organización criminal más peligrosa en ese país y en expansión por fuera de sus fronteras, controlando varias de las rutas en Sudamérica, en alianza o en conflicto con otras bandas locales o extranjeras. El Primer Comando ha demostrado su capacidad de generar violencia y caos, como ocurrió en el 2006, cuando orquestó varios motines carcelarios y atacó comisarías estatales, dejando más de 500 muertos en Sao Paulo. Además, ha penetrado en la política, financiando campañas electorales, comprando votos e influyendo en las decisiones de los gobernantes.
Otro ejemplo es el de Argentina, donde el narcotráfico ha aumentado en los últimos años, convirtiéndonos en un importante consumidor y exportador de drogas, especialmente de cocaína y marihuana, generando un crecimiento en la violencia, la inseguridad y la corrupción en varias provincias, especialmente en las fronterizas con Bolivia, Paraguay y Brasil, por donde ingresan las drogas. También ha afectado a grandes ciudades, como las del Conurbano, Rosario y Córdoba, donde se han instalado redes de distribución y venta de drogas, vinculadas a estas bandas. Santiago del Estero se ha convertido en el epicentro para pasar hacia Chile y, desde ahí, al pacífico.
Ante este panorama, es necesario que los países sudamericanos adopten una visión integral y cooperativa para enfrentar el narcotráfico, reconociendo que se trata de un problema común que requiere de soluciones conjuntas. No basta con medidas represivas o punitivas locales, sino que se requiere de políticas públicas transnacionales que aborden sus causas y sus consecuencias, desde una perspectiva geopolítica, teniendo en cuenta el papel negativo de la DEA estadounidense en este escenario.
En este sentido, es fundamental que nuestros gobiernos fortalezcan sus instituciones, sus sistemas de justicia, sus capacidades de inteligencia y sus mecanismos de control y rendición de cuentas, para prevenir y combatir la corrupción, la impunidad y la infiltración del crimen organizado. Asimismo, es imprescindible que promuevan el desarrollo alternativo, la justicia social, la educación, la salud y la participación comunitaria, para generar oportunidades y bienestar para las poblaciones más vulnerables y afectadas por el narcotráfico. Finalmente, es necesario que armonicen sus legislaciones, sus normativas, sus protocolos y sus acciones, para facilitar la cooperación, la coordinación, el intercambio de información y la asistencia mutua, en el marco de organismos regionales, como el MERCOSUR, la CELAC, etc.
El narcotráfico es una amenaza para la democracia y la seguridad de nuestros pueblos, pero también una oportunidad para la integración y la cooperación. Solo así se podrá enfrentar este desafío con éxito y garantizar un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras.
Luis Gotte
La pequeña trinchera
